Foto de portada: Kevin Najman
El lunes 20 de Julio, unas 2.500 familias ocuparon 100 hectáreas ubicadas en el Barrio Numancia de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón (Buenos Aires). Estas tierras se encontraban abandonadas desde hace más de 40 años. Ahora, la firma Bellaco demanda el predio para construir un country y el juez Rizzo ordenó un desalojo para el día 1 de octubre. Los títulos de las tierras no se han podido comprobar, pero el negocio inmobiliario pisa fuerte.
*Por Diego Nahuel
La situación de las familias es desesperante: buscan respuestas a la falta de trabajo y vivienda. Reclaman un pedazo de tierra, un lugar donde tener la oportunidad de vivir dignamente. Esta situación se repite a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires, la crisis habitacional es grave.
En su mayoría son personas que llegan desde zonas aledañas. Es el sector más marginado de la sociedad, víctima de una problemática causada por décadas de desatención por parte de los distintos gobernantes que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia.
Son familias enteras con niños y niñas pasando frío y hambre, gente que está desempleada o vive de changas y mujeres escapando de situaciones graves de violencia de género, que no pueden pagar más un alquiler o que están en situación de calle: literalmente no tienen donde vivir.
“La gente quiere salir adelante”
Con sólo 16 años, Santiago ya vivió en Merlo, Moreno, Fuerte Apache, Montegrande, El Jaguel, y ahora, en Guernica. Dice que quiere terminar el colegio, que le gustaría vivir de la música y tener su casa propia. El 20 de Julio llegó a la toma por aviso de su hermano -delegado de la manzana-, y gracias a las changas ofrecidas por vecinos de los alrededores, pudo construirse una pequeña casilla donde duerme todas las noches esperando una respuesta.
Se trajo un colchón al que aísla del piso con cartón y bolsas de nylon. Su casa tiene techo y paredes de un plástico negro, grueso, bien atado para que lo repare del viento y la lluvia de los últimos tres días.
Mientras camina bajo un cielo amenazante y barro hasta los tobillos, cuenta que el día que llegó no conocía a nadie, pero los vecinos lo invitaron a comer. Tratan de conseguir comida entre todos y comen juntos. Se apuró a decir que están ahí “porque realmente se necesita, porque queremos vivir.”.
Nicolás trabajaba como pintor en el country que está detrás de las tierras en cuestión. En negro y sin ningún tipo de contrato, cuando comenzó la cuarentena lo dejaron sin trabajo e indemnización. “Acá la gente quiere salir adelante, pero no todos tuvimos las mismas oportunidades que muchos otros” comenta. Él, tampoco pudo seguir pagando más un alquiler.
Cuando se le pregunta por qué está ahí, Karen responde de manera clara y concisa: “porque no tengo donde vivir”. Tiene una hija de 3 años que está enferma a causa del frío y la lluvia de varios días que tuvo que soportar en condiciones inhumanas. Comenta que, si gana las tierras, el día de mañana le gustaría ponerse un almacén. “Quiero una casa y un futuro para mi hija”.
Como éstas hay miles de historias más. Gente que vivía en la calle, que está desempleada, mujeres que escapan de situaciones de violencia extrema en sus casas anteriores, y mucho más.
Los vecinos se organizan
Foto: Kevin Najman
Los vecinos se organizaron de manera autónoma: eligieron democráticamente delegadxs y subdelegadxs por cada manzana de la toma. Ellos son los encargados del diálogo con el gobierno provincial, responden directamente a las demandas de los vecinos, blanquean y comunican de manera transparente las negociaciones. Todos los días, un gran número de familias asisten a asambleas en las que debaten y se informan de la situación en la que se encuentran.
Los terrenos fueron divididos por los mismos vecinos en partes iguales, mayormente en 15×30 metros, y están demarcados por alambres o cintas de plástico
Victoria, una de las delegadas generales, nos cuenta que entre los vecinos ya han pensado espacios para futuros jardines, escuelas, plazas y centros de salud.
¿Y el Estado?
El gobierno provincial, con el ministro de desarrollo Andrés Larroque a la cabeza, lamentablemente ha intentado dividir a las familias buscando acuerdos individuales y unilaterales. No reconocen la legítima organización de los vecinos e intentan básicamente “sobornarlos” con plata, electrodomésticos, alimentos o promesas de 3 meses de alquiler.
Mientras cortan la mesa de diálogo con los y las delegados y delegadas, diferentes funcionarios públicos difaman en los medios de comunicación a los vecinos y organizaciones sociales que los apoyan, tratándolos de violentos o de no querer dialogar.
La gente necesita soluciones reales y concretas a la problemática y no van a negociar su derecho a la vivienda. La realidad es que, hasta ahora, la única respuesta por parte del Estado fue un continuo hostigamiento policial y la amenaza de un desalojo inminente. Por su parte, los vecinos están firmes porque no tienen nada que perder, “si nos meten presos, al menos vamos a tener donde vivir”, expresó una vecina en la asamblea.
El juez Martín Miguel Rizzo, que había declarado que su gestión iba a caracterizarse por una “mirada humana”, ordenó el desalojo de la toma a cargo de la policía bonaerense para el próximo 1 de octubre. Más de 2.500 familias con, aproximadamente, unos 3.000 niños y niñas, esperan y resisten.
Axel Kicillof estuvo presente en la asunción de Andrés Larroque como ministro de desarrollo social de la provincia y aseguró que “donde hay una necesidad, hay una respuesta, porque entendemos que hay un derecho que cumplir”.
Acá la necesidad no podría ser más grande, pero la respuesta y el derecho por cumplir, brillan por su ausencia.
* Corresponsal de Diario Sur Digital
Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social (UBA)
